La asociación de vecinos defiende que las recientes sentencias del TSJM sí deben tener consecuencias legales para el Ayuntamiento ante la negativa a cumplir la ley en materia de medio ambiente. Asimismo exige la publicación inmediata de todos los datos de contaminación en el entorno del Nudo Sur.

Sin embargo no tienen razón quienes aducen que la sentencia no tiene valor una vez que las obras ya han sido ejecutadas y no tienen vuelta atrás. La Justicia y las autoridades nacionales y autonómicas en materia de medio ambiente deben garantizar ahora  que instalaciones contaminantes derivadas de estas obras ilegales, como el pozo de ventilación del by-pass sur , ubicado en el parque "Tierno Galván" no puedan funcionar sin un control efectivo y público de la calidad del aire en su entorno.

En dicho pozo se están realizando mediciones (por una estación de medición móvil del Area de Medio Ambiente) desde el día 28 de febrero hasta el 28 de marzo. La Asociación ha solicitado los datos de estas mediciones, pero el Ayuntamiento ha respondido que sólo los facilitará cuando culmine esta campaña de mediciones y realice el estudio completo, dentro de un año como mínimo. La AV Nudo Sur quiere denunciar que el Ayuntamiento vuelve a denegar una vez más el acceso a una información fundamental demorando la entrega de unos informes de medición (como se muestra en el documento adjunto a esta nota informativa). Queremos recordar aquí que el ayuntamiento utiliza una táctica dilatoria que utilizó anteriormente, durante la realización de las obras de la M-30 en el Nudo Sur, cuando unos informes de contaminación elaborados por la empresa SGS , con unos datos escandalosamente altos de contaminación por partículas en suspensión fueron ocultados conscientemente a la ciudadanía por el Ayuntamiento, en el convencimiento de que se puede burlar las consecuencias legales de un delito cuando ya no tiene vuelta atrás (como ha pasado con las sentencias recientes).

Las consecuencias de esta falta de control ambiental de las obras de la M-30 son ahora también responsabilidad tanto de la justicia como de las autoridades competentes en materia ambiental (Comunidad de Madrid y Ministerio de Medio Ambiente) y  tienen obligación legal de actuar ante la omisión de sus deberes en esta materia por parte del ayuntamiento.

Por ello solicitarán por escrito a las áreas de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

1. Que tutelen ambientalmente las obras de la M-30 afectadas por las sentencias y se responsabilicen de su funcionamiento de manera inmediata.

2. Que obliguen a hacer públicos todos los informes ambientales relacionados con las obras de la M-30 afectadas y su entorno urbano, incluida la evaluación ambiental de las obras ejecutadas que el ayuntamiento dice haber entregado a la Comisión Europea.

3. Que se inicien acciones legales por el incumplimiento reiterado y consciente de la normativa europea, estatal y autonómica contra los responsables de la realización del proyecto de reforma de la M-30.