España se enfrenta a multas millonarias de Bruselas por la contaminación.

La Comisión deniega a Madrid la prórroga para sortear la obligación de reducir el tráfico.

España se enfrenta a multas millonarias de Bruselas por la contaminación

La Comisión deniega a Madrid la prórroga para sortear la obligación de reducir el tráfico
La petición de Barcelona también fue rechazada

ELENA G. SEVILLANO Madrid 23 MAY 2013 - 00:01 CET

La Comisión Europea no cree que Madrid vaya a ser capaz de reducir sus niveles de contaminación antes de 2015. Por eso le ha denegado la prórroga de cinco años que la alcaldesa Ana Botella solicitó tras admitir que la capital incumplía los límites de dióxido de nitrógeno —gas tóxico que procede básicamente del tráfico— que Bruselas obliga a respetar desde el año 2010. La Comisión pide “medidas de reducción de la contaminación más estrictas” al Ayuntamiento madrileño. Hizo lo mismo en julio con Barcelona, municipio que también rebasa los niveles permitidos. La legislación comunitaria prevé sanciones económicas en caso de incumplimiento de la directiva de calidad del aire, que podrían ser de millones de euros si Bruselas inicia un procedimiento de infracción.

La normativa permite a los Estados miembros solicitar prórrogas de cinco años, pero las condiciones para otorgarlas son muy estrictas. Los países tienen que demostrar que han hecho todo lo posible por cumplir a tiempo, es decir, en 2010, y deben presentar un plan de calidad del aire eficaz y realista que permita asegurar que llegarán a 2015 con los deberes hechos. Ni Madrid ni Barcelona han sido capaces de demostrar que, en caso de tener más tiempo, podrán cumplir. El Ayuntamiento de Madrid aseguró ayer en un comunicado que está en la misma situación que “la mayoría de capitales europeas” a las que también se ha denegado la prórroga y que los límites de dióxido de nitrógeno que impone Bruselas son “extraordinariamente exigentes”.

Y aún podrían serlo más en cuestión de meses. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo público en febrero un informe en el que recomendaba endurecer la legislación anticontaminación tras revisar decenas de estudios científicos y concluir que los efectos negativos de la contaminación sobre la salud de las personas son aún peores de lo que se creía hace ocho años. La Comisión Europea, que fue la que encargó el estudio y lo cofinanció, anunció a su vez que revisará los límites permitidos, para rebajarlos. “Las relaciones entre la contaminación del aire y la salud humana refuerzan la necesidad de ampliar nuestras políticas: esta será una de las claves en la revisión de la política de calidad del aire de 2013”, señaló entonces el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

El portavoz de Potocnik, Joe Hennon, explicó ayer a EL PAÍS que aún es pronto para saber si habrá sanciones económicas para España y para los otros países europeos que tampoco cumplen los límites y a los que se ha denegado la prórroga. Todavía pueden revisar sus planes y volver a pedir tiempo extra. De iniciarse un procedimiento de infracción, las multas podrían tardar en llegar hasta cinco años. En el caso de España serían de millones de euros: se calculan en función de la capacidad de cada Estado miembro —generalmente usando un porcentaje del PIB— y teniendo en cuenta también la duración y la gravedad de la infracción.

“La Comisión debe ahora llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señaló ayer Ecologistas en Acción. “Este proceso debería desembocar en la imposición de una multa al Estado español. Aparte de una suma a tanto alzado, el Tribunal podría imponer una multa coercitiva por cada año de incumplimiento, que se prolongaría en el tiempo mientras se siguieran produciendo las superaciones”, añadió. Madrid lleva tres años sin cumplir y, según la organización ecologista, “nada hay sobre la mesa que permita pensar que esta situación vaya a cambiar”. “No solo sufrirán nuestros pulmones; desde ahora también repercutirá en nuestros bolsillos”, afirmó la organización.

España y otros Estados miembros ya fueron denunciados hace años por incumplir la legislación sobre otro contaminante, las partículas en suspensión PM10. El caso está actualmente en el Tribunal de Justicia de la UE.

Ver artículo en El País