Ocho años han pasado desde que Alberto Ruiz Gallardón accediera al Ayuntamiento de Madrid para hacerse cargo de esta gran ciudad prometiendo descentralización, participación ciudadana en la ges- tión, democratización de la gestión pública, etc. Transcurrido ese tiempo, Madrid es una ciudad prácticamente en quiebra económica, los distritos de la ciudad han sido olvidados, los impuestos han subido indiscriminadamente y el modelo de ciudad para el ciudadano ha sido sustituido por el modelo autoritario de ciudad para los negocios. Toca ahora hacer balance, sobre todo desde el movimiento vecinal, de una situación precaótica y con una ciudad hipotecada para más de 30 años por la gestión visionaria y a base de corazonadas de un alcalde y un equipo de gobierno que han puesto nuestros impuestos y nuestro patrimonio en manos de la gestión privada y de las grandes empresas.

El Ayuntamiento de Madrid ha estado funcionando en los últimos años con un modelo autoritario basado en una Junta de Gobierno que ha acaparado todo el poder y todo el control; un Pleno de Ayuntamiento al que sólo se le requería para dar el barniz democrático a la toma de decisiones; unas Juntas de distrito vacías de contenido, recursos y capacidad de decisión; unos ciudadanos convertiodos en consumidores, dobles consumidores en este caso, ya que para la utilización de los servicios no sólo se ha utilizado la vía de los impuestos sino también el pago por el uso de esos servicios.

El capitulo de Gastos no puede ser calificado más que por el mayor de los despilfarros en Obras Públicas y gastos superfluos. El mayor, sin duda, el soterramiento de la M-30 que, sin entrar en la necesidad de la obra, la posibilidad de aplazarla en el tiempo, los desmesurados gastos en su mantenimiento o las triquiñuelas para solventar su legalidad, han dejado a la ciudad hipotecada para más de 30 años. Hay que añadir el despilfarro del Madrid olímpico, el sueño gallardoniano convertido en pesadilla para los vecinos, que deja inversiones ruinosas que ni han mejorado las infraestructuras de los barrios ni las dotaciones de la ciudad. El personal de confianza y de libre designación se ha triplicado, ha habido un auténtico derroche en el alquiler de edificios o el traslado de la sede del Ayuntamiento a la Plaza de Cibeles, gastos innecesarios en inauguraciones, promociones, autobombo, promoción de la calle Serrano, cambio de papeleras, de logotipos del Ayuntamiento, cambio de color de los autobuses urbanos...

El capítulo de Ingresos ha recaído sobre los vecinos de esta ciudad con un aumento de la presión impositiva mediante el IBI, los parquímetros de la periferia, la nueva tasa de basuras, los vados, el atosigamiento mediante multas...  acompañado de una política fiscal regresiva que disminuye las cargas impositivas a las grandes empresas y la enajenación del patrimonio municipal público mediante subasta de viviendas, venta del suelo cedido, solares, privatización de servicios y sus instalaciones...

Los vecinos de Madrid sufrimos las consecuencias de esta gestión que se puede resumir como una situación de quiebra técnica y presupuestaria, un deterioro y recorte de los servicios más importantes, la ruina de pequeños proveedores de bienes y servicios, la destrucción de empleo directo e indirecto, el abandono de las inversiones necesarias en barrios desfavorecidos o la gestión hipotecada para las próximas décadas.

El Ayuntamiento de Madrid olvida los derechos de los barrios y los vecinos y ataca los intereses de sus propios trabajadores con una lista de privatizaciones sin fin. A la ya vieja privatización de servicios como la recogida de basuras, la limpieza viaria, la jardinería o el mantenimiento del alumbrado, se han ido sumando la mayor parte de los Servicios Sociales, la vigilancia del estacionamiento o de los edificios municipales y del tráfico, el 010, el Registro y el Padrón, infraestructuras como las Escuelas Infantiles, los Centros Culturales, de Mayores, de Día, Juveniles, o los Polideportivos, las Fiestas y Cabalgatas, el Teatro Español o la Gestión de Licencias Urbanísticas. A ello habría que añadir la falta de inversión en servicios esenciales como, por ejemplo, la extinción de incendios.

La realidad de Madrid se caracteriza por una gestión deshumanizada, insostenible e ilegal. Favorece el transporte privado motorizado, altos niveles de contaminación atmosférica, lumínica y acústica, despilfarradora de recursos, destructora de gran parte del patrimonio verde. La manipulación constante de las estaciones medidoras de la calidad del aire o las declaraciones de la responsable afirmando que respecto a la contaminación en Madrid «tenemos la mejor situación de la historia de la ciudad», son un baremo hiriente de hasta dónde se puede llegar para negar los problemas que padecemos los vecinos. Un urbanismo salvaje depredador de espacios protegidos con la creación de plazas para grandes eventos olvidándose de la convivencia, con nuevos desarrollos urbanísticos sin equipamientos necesarios, miles de viviendas paralizadas desde hace años que responde a una política de vivienda especulativa. Y todo ello burlándose de la ley con sentencias judiciales incumplidas como la de Vados, Parquímetros o la de los PAU’s.

Esta política ha llevado a una eliminación y precarización del empleo generado por el Ayuntamiento y a un deterioro de los servicios que, ahora, son de peor calidad por la degradación de las condiciones de trabajo y más caros porque se trata de garantizar los beneficios a las empresas antes que el servicio a los vecinos.

La descentralización de la gestión prometida hace años se ha convertido en la centralización más absoluta donde las Juntas Municipales han sido vaciadas de competencias y presupuesto, sus presidentes son nombrados directamente por el Alcalde y la creación de la figura del Gerente, también nombrado por el Alcalde, que centraliza aún más la gestión de unas Juntas que cuentan con menos dinero que en 2003, hace ocho años.

Para el movimiento vecinal se trata de una situación de ahogo ya que las Normas de Participación Ciudadana han quedado reducidas a la nada siete años después de aprobarse. Ahora lo que rige es la prepotencia y el abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular con la imposición de los Plenos de las Juntas Municipales en horario de mañana, impidiendo la siempre molesta participación de los vecinos con la excusa del ahorro, o la prohibición o cortapisas a actos de iniciativa vecinal como carnavales, carreras populares o cabalgatas.

Esta centralización absoluta y la falta de participación han devenido en una falta total de transparencia en el control de la gestión, provocando casos de corrupción como las operaciones Malaya, Guateque o Gurtel, y la profundización del desequilibrio territorial y social primando las inversiones del centro financiero, comercial y turístico en detrimento de la periferia.

Esta es la situación de la ciudad de Madrid tras los ocho años de gestión de Alberto Ruiz Gallardón y a la que el movimiento vecinal debe dar alternativas y recuperar el protagonismo necesario para que el espacio que habitamos sea de convivencia y no prevalezca la ley de la jungla a la que nos ha abocado la gestión del Alcalde.

No cabe duda que la crisis económica también afecta al Ayuntamiento de Madrid pero el problema de fondo no es por falta de recursos sino en qué se emplean. Los barrios reclaman el dinero que se les ha robado (los distritos habrían dispuesto de cerca de 5.000 millones de euros más de los que han tenido estos 8 años sólo con que hubiese crecido su presupuesto igual que el del Ayuntamiento) y, sobre todo, tener capacidad real de decidir sobre las cuestiones que afectan a su ámbito. Por eso proponemos austeridad, pero austeridad con el gasto innecesario y contra el derroche. Reducir los cargos de confianza, limitar la iluminación, revisar los alquileres de edificios municipales, una política fiscal pro- gresiva, la retirada de las tasas abusivas e injustas... son algunas de las medidas necesarias para cua drar gastos e ingresos de forma más justa.

Es necesaria una descentralización profunda de la gestión municipal con Ayuntamientos de distrito elegidos directamente por los vecinos con amplias competencias y presupuestos, promocionando los barrios, con una gestión participativa de sus presupuestos y con consultas vecinales sobre la calidad de determinados servicios. En estos momentos se hace imprescindible la creación de órganos de gestión participada en los centros municipales, con la vuelta de los plenos de las Juntas Municipales a los horarios de tarde para que los vecinos puedan acudir o la apertura por las tardes de los centros municipales y educativos para su uso por parte de todos. La Ley de Capitalidad, y su utilización por Gallardón, no ha solucionado nada.

Se debe recuperar la gestión pública de los centros privatizados en los últimos años como han sido los Polideportivos, las Escuelas Infantiles o los Centros Culturales; dedicar una atención especial a los más necesitados, a los barrios periféricos y con mayores carencias buscando un reequilibrio territorial; e incrementando las ayudas a los Centros y Servicios para mayores, discapacitados y personas dependientes.

Finalmente, el modelo de ciudad que proponemos pretende proteger y mejorar la calidad de vida de los vecinos con medidas que reduzcan drásticamente la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, limitando el tráfico motorizado y fomentando la movilidad del no contaminante. Una planificación urbanística al servicio de los ciudadanos, con un parque de vivienda en alquiler y espacios comunes suficientes donde poder ubicar las necesarias infraestructuras municipales (como Escuelas Infantiles, de Música, Centros Culturales o Polideportivos) o de otras administraciones.

Es la única manera de que Madrid se convierta en la ciudad de los madrileños y no en la ciudad concebida para las grandes empresas. Es el único camino en la siempre difícil tarea de humanizar una gran ciudad como la nuestra. Y es el único modo de construir un espacio de convivencia diferente a la jungla de asfalto en la que se ha convertido Madrid tras el paso de Alberto Ruiz Gallardón por su Alcaldía.