Ecologistas en Acción ha interpuesto esta mañana su anunciada denuncia penal contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y contra la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, a los que considera culpables de "no tomar las medidas necesarias" para garantizar a los madrileños una calidad del aire si no buena, al menos que "cumpla los límites legales de contaminación". Los acusan de un delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que castiga a "quien provoque directa o indirectamente emisiones a la atmósfera, contraviniendo disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, y perjudique gravemente la salud de las personas". En este caso, Ecologistas considera que el alcalde y la delegada han cometido presuntamente este delito "por omisión", ya que a su juicio el Consistorio no ha llevado a cabo planes que controlen o reduzcan la boina negra de Madrid, agravada ahora por 11 días de anticiclón.

El delito del que acusan a Gallardón y Botella está castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. El portavoz de esta organización, Paco Segura, que ha presentado la denuncia a las 11.00 los juzgados de plaza de Castilla, ha explicado que, tal y como reconoció la propia Botella, Madrid superó en 2010 los límites legales de contaminación para el dióxido de nitrógeno (NO2). La organización argumenta que, de acuerdo con los datos del Consistorio, 18 de las 24 estaciones de medición rebasaron el valor tope anual de este gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor, fijado en 40 microgramos por metro cúbico, y registraron un valor medio de la red de 44 microgramos.

Además, seis estaciones rebasaron el valor límite horario de NO2 en 2010 en más de 18 ocasiones. La estación de Fernández Ladreda registró 76 superaciones del valor límite horario de NO2, cuatro veces por encima de las superaciones permitidas; y la estación de Ramón y Cajal, además de registrar 68 superaciones del valor límite horario, registró dos superaciones de los 400 microgramos por metro cúbico. Para la organización ecologista, "nada de esto fue fortuito o imprevisible", ya que desde el año 2001, cuando entró en vigor en la UE la actual legislación sobre calidad del aire, "Madrid viene superando los límites legales para este contaminante sin que se tomen las medidas adecuadas para evitarlo. Por ello, si no se adoptaban actuaciones más drásticas de reducción del tráfico, era esperable que en 2010 volviéramos a superar los límites legales, y así ha ocurrido", indica la organización.

Segura se ha mostrado indignado con Gallardón, al que acusa de mantener una actitud "inmoral" en este "grave problema que afecta a todos los ciudadanos". Ecologistas espera que, con esta denuncia penal, se tomen medidas contra estos responsables políticos "para que se consiga cuanto antes lo que desde hace años es una quimera: respirar aire limpio en Madrid". "Confiamos en que la vía judicial prospere, si no, qué otro recurso nos queda", ha añadido el portavoz.

¿Ha hecho algo por el aire el Ayuntamiento? Hace cinco años, presentó un ambicioso documento de 267 páginas que recogía todas las acciones relacionadas con la contaminación a las que se comprometía hasta 2010. Sin embargo, esta llamada Estrategia local de calidad del aire, que debía haber entrado en vigor en 2008, fue aplazada por Botella a 2010, que pasó sin novedades al respecto. Entre las medidas del documento, la más ambiciosa era la creación de "zonas de emisión baja", es decir, limitaciones de acceso a los vehículos más contaminantes a determinadas áreas del centro, entre ellos los paseos de Recoletos y Prado, las rondas, las calles de Bailén y Ferraz, el paseo de Pintor Rosales, Génova... Además, el alcalde planteó construir una red de aparcamientos disuasorios de los que nunca más se supo.

El año nuevo comenzó con Botella -que niega que la calidad del aire sea mala, en contra de los que opina la ministra del ramo, Rosa Aguilar- admitiendo que se superaron los límites legales de contaminación. El anticiclón que cubre la Península desde hace 11 días, sumado al ambiente preelectoral, ha hecho que la contaminación se sitúe en un primerísimo primer plano, no sólo en Madrid. Barcelona y Valencia están siendo investigadas también por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El año comenzó también con el cambio de algunas estaciones de medición a lugares menos contaminados y la supresión de otras, medida que el Consistorio justifica en la directiva europea. Sin embargo, Vercher considera que es un ardid para enmascarar la polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que aseguran Gallardón y Botella. Hasta la ministra Aguilar también reprendió a Madrid "por hacerse trampas al solitario".

El Ayuntamiento alega que no es cierto que en estos años no hayan tomado medidas. Sus portavoces, con el alcalde a la cabeza, citan en genérico "el impulso de las energías renovables" y "el fomento del transporte público". Hablan también del estacionamiento regulado, de los cargadores en superficie para coches eléctricos -una opción con mucho futuro pero poco presente- de la costosa reforma de la M-30 y de la peatonalización de calles como Fuencarral y la Red de San Luis. Gallardón no quiere ni oír hablar de limitar el tráfico. Alega razones económicas, pero a nadie se le escapa que es una medida que sería acogida con júbilo por los preocupados por el medio ambiente pero que sentaría fatal a gran parte de los ciudadanos en vísperas del 22-M. La asociación reclama el cierre al tráfico de algunas calles, entre otras medidas, ya que a su juicio, pedir a los ciudadanos que cojan menos el coche, como rezan los luminosos de la M-30 desde hace dos días, "no basta".